domingo, 27 de septiembre de 2015

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936. “JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.



EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CEDE ESPACIO PÚBLICO ROZANDO LA ILEGALIDAD PARA HOMENAJEAR A JOSÉ MARÍA PEMÁN, VINCULADO CON EL GENOCIDIO GOLPISTA DE 1936.

JEREZ RECUERDA” SOLICITA UNA RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y UNA CANCELACIÓN INMEDIATA DEL EVENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS.

Tras la noticia publicada y difundida en diferentes medios sobre la cesión que hace el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera del espacio público conocido como “Sala Compañía” para la celebración de un acto homenaje a José María Pemán, que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” considera que dicha cesión puede rozar la ilegalidad, tal y como se puede comprobar revisando la LEY 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, la cual posee en su redacción una serie de artículos previstos para su cumplimiento entre los que se encuentra el artículo 15 enunciado como “Símbolos y monumentos públicos”, donde en su primer apartado se especifica que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”... Apartado éste y artículo aquél por los que se decidió en su día retirar el busto de este personaje histórico del vestíbulo del espacio público conocido como “Teatro Villamarta” para dar –como afirmamos arriba- cumplimiento a esta Ley.

Todo el mundo comprendió entonces -salvo los familiares, por razones obvias, y aquellas entidades o personas defensoras de la dictadura franquista- que no se podía desvincular al personaje homenajeado permanentemente mediante la exposición de un busto con su legado público, cuando gran parte de ese legado, precisamente, está relacionado con un sistema absolutamente violento, y cuyo ‘modus operandi’ era la represión, la tortura y el asesinato hasta los límites que permiten que esos hechos sean conocidos como genocidio o crímenes de lesa humanidad.

¿Cómo se puede entender entonces esta contradicción? Porque el hecho de retirar una escultura de un espacio público mediante una argumentación legal, al tiempo que se permite realizar poco después, y en un espacio público diferente, un homenaje al mismo individuo representado en aquélla es un contrasentido que ayuda a confundir y que contribuye a mantener unas posiciones inmovilistas bastante conservadoras, y muy parecidas a la de la legislatura de la exalcaldesa Pilar Sánchez con respecto a uno de los temas pendientes del Ayuntamiento de Jerez -esto es, la memoria histórica de las víctimas del genocidio ‘franquista’-, ensombreciendo por tanto los escasos gestos realizados por este Gobierno Municipal.

No es de extrañar, por tanto, que el hasta ahora limitado compromiso de la Alcaldía de Jerez en esta materia vaya en armoniosa sintonía con una línea histórica municipal demasiado desinteresada y evasiva a lo largo del período conocido como “democrático” que se ha expresado mediante una gran paradoja que hunde sus raíces en el legado de la denominada “justicia al revés” que los golpistas también inocularon en el sistema democrático español actual a través de una transición a la democracia bastante pobre y cuestionada actualmente, mucho más fuera de los círculos institucionales españoles que desde su interior. Y que ello debe de tener una explicación sencilla, aunque parezca que haya que buscarla irónicamente en un universo mágico paralelo, ajeno a la cruda realidad de una falta de compromiso más serio con la defensa de los derechos humanos y con la dignificación de las víctimas de la violencia genocida que se impuso en el municipio tras el golpe de estado de julio de 1936.

Lo cierto es que no es un secreto que Pemán alentó con orgullo y sin vergüenza en muchos de sus escritos y alocuciones para el exterminio de una parte de la población, y lo demostró activamente también al ponerse, desde un primer momento, bajo las órdenes del comandante golpista Marqués de Casa Arizón, y posteriormente, participando en los incipientes órganos golpistas represivos. Y salvando los matices étnico-geográficos, se puede afirmar que el hecho institucional de permitir el acto que denunciamos sería semejante, por ejemplo, a que el gobierno municipal de alguna localidad alemana cediera unas instalaciones públicas para homenajear a cualquier jerarca nazi influyente del III Reich, sólo porque dicho personaje tuviera algunas facetas personales artísticas. Y lo afirmamos con todo el respeto hacia los familiares del personaje histórico que cuestionamos, porque en realidad también ellos son víctimas de las circunstancias a las que tal vez hayan sido arrastrados por terceros a causa de intereses partidistas.

¿Cómo se explica entonces dicha paradoja? Sabemos que la máxima responsabilidad de la cesión de la Sala Compañía para este funesto homenaje recae directamente en la Delegación de Cultura y, por encima de ella, en la Alcaldía, sin olvidarnos de que hay que partir de la base de la existencia de una mínima coordinación entre los diferentes equipos técnicos y las delegaciones municipales oportunas. La conclusión a la que llegamos, pues, nos lleva a afirmar que, o bien existe un gran agujero en la escala de mandos del Ayuntamiento que impide una coordinación y fluidez en la información entre departamentos y delegaciones -y que repercute negativamente en los derechos de la ciudadanía-, o bien, nos hallamos ante la existencia de unos intereses político-económicos demasiado poderosos que impiden que la Alcaldía de Jerez actúe conforme a la legislación vigente en materia de derechos humanos.

Tampoco consideramos que los políticos del Gobierno Municipal sean menores de edad o estúpidos como para pasar por alto la difusión de este agravio a las víctimas del genocidio golpista, a la de sus familiares y a la idea real -no etérea- de la defensa de los derechos humanos con todas sus consecuencias. La inexistencia de una línea coherente y de un compromiso continuo, sumados a la aplicación regular de la táctica consistente en dar “una de cal y otra de arena” puede definir lamentablemente, y como en otras ocasiones anteriores, la praxis municipal jerezana a la hora de implementar acciones y temas relacionados con nuestro trabajo que pueden llegar a interferir peligrosamente en la búsqueda de la verdad y la justicia, pudiéndose actuar por ello como sepultureros activos de la historia.

El paso dado por el Gobierno Municipal, al ceder unas instalaciones públicas para un acto que se podría haber organizado perfectamente en un espacio privado -evitándose también, y de esta manera, la sensación de que lo único que interesa a la organización del evento es buscar un golpe de efecto político tras el anuncio de la acertada retirada del busto de Pemán del Teatro Villamarta- es un gran retroceso que nos situaría una vez más en el punto cero de la defensa de los derechos humanos en el municipio jerezano, que sólo podría ser enmendado en parte con una asunción de responsabilidades -con su correspondiente reflexión y reconocimiento sincero del error-, y con una cancelación inmediata del evento por motivos más que justificados.

En conclusión, se puede decir que no es suficiente la afirmación oficial irrisoria de que el homenaje no es un acto político; no es tampoco admisible que la aberrante complicidad y activismo de José María Pemán en los sucesos que siguieron al golpe genocida de julio de 1936 se intente ocultar con unos argumentos culturalistas hartamente denunciados por nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” porque con ello, en realidad, también se pretende maquillar no sólo la cara más siniestra del homenajeado, sino la de los miles de cadáveres que todavía hoy en día esperan ser exhumados de las fosas comunes, víctimas de la locura y la sinrazón.

Jerez de la Frontera, a 27 de septiembre de 2015



Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”  



miércoles, 26 de agosto de 2015

LA ASOCIACIÓN “JEREZ RECUERDA” SE PRESENTARÁ, SI ES REQUERIDA, PARA DECLARAR COMO TESTIGO DE QUE LA COMPLICIDAD DE JOSÉ MARIÁ PEMÁN EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE INSTIGACIÓN A LOS MISMOS FUE UN HECHO HISTÓRICO MÁS QUE EVIDENTE.



En relación con las noticias aparecidas en los medios de comunicación locales sobre la posible demanda judicial que la familia de José María Pemán quiere interponer contra la concejala del Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández de Cosa, como consecuencia de unas declaraciones suyas que hizo para defender y justificar el acertado acuerdo municipal de retirada del busto de este personaje del espacio público jerezano conocido como Teatro Villamarta en aplicación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ‘por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’, y más allá de cualquier otra consideración de tipo político o etimológico subjetivamente interpretable, que pueda desviar el verdadero sentido de la trascendencia de la aplicación de la mencionada Ley en el Municipio de Jerez de la Frontera, la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda”, expone las siguientes CONSIDERACIONES:

1)      Que, a pesar de comprender a los descendientes directos de la familia de José María Pemán, e intentar empatizar humanamente con ellos, deben de entender que están obligados por partida doble a asumir cualquier decisión relacionada con la retirada de dicho nombre de cualquier espacio público. Por un lado porque la Ley obliga, y por el otro, porque si existe una obligación legal es debido a que la corresponsabilidad y complicidad de dicho personaje histórico y público en el golpe de estado de julio de 1936, así como en el genocidio franquista, es un hecho probado que nadie puede negar a estas alturas, más allá, como afirmamos arriba, de cualquier consideración de tipo político o etimológico de las palabras empleadas por la concejala.

2)      Que no existe ninguna excusa o mérito de tipo "culturalista", o de cualquier otro, para defender a ningún personaje histórico involucrado en la propaganda de unos hechos históricos condenables y conocidos internacionalmente, cuya impunidad en el Estado español ha sido más que evidente gracias a la  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que exoneró de toda culpa a los responsables directos y a todos sus cómplices de los delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en gran parte de la Península Ibérica tras el golpe de estado de julio de 1936, durante el período de conflicto bélico conocido como “Guerra Civil” y tras él, durante la dictadura de Francisco Franco Bahamonde.

3)      Que alentamos a la Comisión Ejecutiva Local del Gobierno Municipal de Jerez de la Frontera, a todos los grupos políticos, a todas las organizaciones sociales, a todas las víctimas, o familiares de víctimas del golpe de estado de 1936 y de su posterior dictadura, y a la ciudadanía consciente en general, a que realicen acciones de autoinculpación en caso de que prospere absurdamente cualquier demanda judicial encaminada paradójicamente a criminalizar, cuestionar o mancillar el honor y la dignidad de cualquier persona por denunciar públicamente los actos criminales de lesa humanidad cometidos por los golpistas, o por sus cómplices.
  
4)      Que invitamos a los profesionales de la abogacía a que ejerzan con honestidad la defensa de los derechos humanos y de la legalidad vigente, evitando la caída en la trampa mediática que supone el defender casos cuya trascendencia puede acabar relacionada con un posicionamiento ideológico más que legalista.

5)      Que nuestra Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica “Jerez Recuerda” se solidariza con la concejala Ana Fernández y acudirá, si es necesario -y si es requerida- a testificar sobre la complicidad del mencionado personaje histórico con el golpe de estado de 1936, y por tanto, con todos los hechos acaecidos como consecuencia de la “limpieza” genocida implícita en el programa de los golpistas.


Lo que ponemos en conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación en Jerez de la Frontera, a 26 de agosto de 2015



ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA MEMORIA HISTÓRICA “JEREZ RECUERDA”