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| Entierro de García Caparrós. La Comisión de Encuesta sobre el asesinato del joven andaluz Manuel José García Caparrós se encuentra oculta bajo la Ley de Secretos Oficiales. |
DENUNCIAN AL GOBIERNO ESPAÑOL POR OCULTAR LA HISTORIA DE ESPAÑA.
EL MINISTERIO DE DEFENSA NO CREE PRIORITARIA UNA DESCLASIFICACIÓN PENDIENTE DE DIEZ MIL DOCUMENTOS Y LA LEY DE SECRETOS OFICIALES IMPIDE QUE SE PUBLIQUE EL EXPEDIENTE DEL ASESINATO DE GARCÍA CAPARRÓS.
La historia de España no avanza. Los profesionales de su estudio y difusión llevan más de cinco años clamando contra sucesivos obstáculos a su acceso a papeles oficiales sobre episodios clave para el conocimiento del pasado –sobre todo, los acaecidos entre la Segunda República y el final de la Transición– y la comprensión del presente. Según denuncian (...), el Gobierno mantiene bloqueadas dos iniciativas relevantes para acabar con un oscurantismo impropio de un país democrático: la desclasificación de los 10.000 documentos de Defensa que Carme Chacón prometió desvelar al términos de su etapa como ministra del ramo y, más recientemente, a través del PP y con ayuda de Ciudadanos, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales planteada por el PNV en noviembre del 2016.
Informes sobre “detención de extranjeros, censura, destierros, claves, cifrados” o nombres de “protegidos y agentes franceses” en la 'Guerra Civil'; datos sobre “campos de trabajo, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos y sabotajes” antes de 1968, o notas acerca de “desembarcos alemanes, memorias de la defensa de Melilla y contabilidad del servicio secreto” con anterioridad a 1939 son algunos de los asuntos clasificados de interés histórico que, dentro de un listado de 41 materias, Chacón y sus asesores dejaron a punto de desclasificación al entender que “ya no suponen una afectación a la seguridad del Estado” y los motivos de su ocultación “hace tiempo que desaparecieron”.
La decisión quedó lista para su aprobación por el Consejo de Ministros cuando el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba ya en funciones. Entonces llegó el PP y, como dice la canción, mandó a parar. Primero el ministro Pedro Morenés y después su sucesora, María Dolores de Cospedal, evitaron dar curso a la desclasificación. “Por algo será”, declaraba hace unos días el historiador Ángel Viñas en una entrevista (...) por su libro sobre la muerte del general Balmes, 'El primer asesinato de Franco' (Crítica). “Lo vengo denunciando desde hace años”, dijo, y recordó que la medida obtuvo el plácet de “una comisión de historiadores, militares y archiveros”.
Según declaraciones recientes de un portavoz del departamento de Defensa, la posición no ha variado desde que la ministra respondió en el Senado, el 27 de junio pasado, a la pregunta que sobre el tema le hizo la senadora de En Comú Podem Sara Vilà; en la respuesta, Cospedal dio largas y señaló que la desclasificación “no es prioritaria” y sólo se hará efectiva “cuando se tengan los medios necesarios para el estudio en profundidad de los documentos clasificados”.
Meses antes de la decisión fallida de Chacón, en octubre del 2010, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos forzó una decisión del gobierno en sentido diametralmente opuesto. En el contexto de los entonces recientes casos de las filtraciones de Wikileaks y las publicaciones sobre las escalas de vuelos de la CIA con presos de Guantánamo, el ejecutivo clasificó como secretas 14 amplísimas materias sobre las relaciones del país con el exterior: “Información de posiciones en conflictos internacionales o internos que puedan comprometer los intereses españoles”, información relativa al despliegue de unidades del ejército y la policía “tanto en España como en misiones internacionales”, contactos de España con otras naciones para facilitar procesos de paz, datos sobre acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad y defensa... Casi todo, en suma.
Lo peor de tan sorprendente acuerdo del gobierno es que, por su redacción, daba (y da) a entender que la declaración de secreto de tan amplias cuestiones concierne a los archivos de toda nuestra historia, y no a lo que ocurriera a partir de la fecha de la decisión. Fue una resolución tan drástica que, según se ha constatado, el propio Moratinos se lamentó de ella hace unos meses y dijo que “hay que verla y corregirla, hay que cambiarla”.
Según declaraciones recientes de un portavoz del departamento de Defensa, la posición no ha variado desde que la ministra respondió en el Senado, el 27 de junio pasado, a la pregunta que sobre el tema le hizo la senadora de En Comú Podem Sara Vilà; en la respuesta, Cospedal dio largas y señaló que la desclasificación “no es prioritaria” y sólo se hará efectiva “cuando se tengan los medios necesarios para el estudio en profundidad de los documentos clasificados”.
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Secreto de Estado. Parte de los 10.000 documentos pendientes de
desclasificación afectan a la investigación de la 'Guerra Civil'. En lafoto,
nacionalistas genocidas entrando en una población extremeña.
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Lo peor de tan sorprendente acuerdo del gobierno es que, por su redacción, daba (y da) a entender que la declaración de secreto de tan amplias cuestiones concierne a los archivos de toda nuestra historia, y no a lo que ocurriera a partir de la fecha de la decisión. Fue una resolución tan drástica que, según se ha constatado, el propio Moratinos se lamentó de ella hace unos meses y dijo que “hay que verla y corregirla, hay que cambiarla”.
Las dificultades para los investigadores llegaron al extremo a mediados del 2012, cuando el gobierno del PP decretó el cierre temporal, y a cal y canto, de los fondos históricos de Exteriores con ocasión de su transferencia y reparto entre el Archivo Histórico Nacional (lo anterior a 1931) y el Archivo General de la Administración. A esta última entidad, con sede en Alcalá de Henares, llegaron 60.000 legajos con cientos de miles de documentos posteriores a 1931. Como los papeles estaban sin ordenar, describir y tratar con criterios adecuados, y como el archivo estaba (y sigue) mal dotado, en la práctica los estudiosos tardaron años en acceder al grueso de la documentación. Y aún hoy las restricciones continúan, según es queja generalizada en la profesión.
“A la hora de la verdad, desde hace más de cinco años no podemos acceder a casi ningún documento nuevo y no citado de Exteriores”, protesta el profesor de Historia Contemporánea de la Complutense (UCM) Carlos Sanz: uno de los promotores de los comunicados que cientos de profesionales y todas las asociaciones importantes de historiadores firmaron en el 2014 y en mayo del 2017 para exigir, respectivamente, la rectificación de las medidas de Moratinos del 2010 y la aplicación de la desclasificación encarrilada por Chacón en el 2011 y, de otro lado, la aprobación definitiva de la reforma de la ley de Secretos Oficiales promovida por el PNV en el 2016. Mientras dicha reforma no se aplique, el levantamiento de los secretos del franquismo requiere autorizaciones explícitas de desclasificación por parte del Gobierno. Los diputados del PP y Cs en la Mesa del Congreso vienen frenando desde hace más de un año la modificación que levantaría esos velos; lo hacen mediante sistemáticas solicitudes de prórroga en el plazo de enmiendas, semana a semana. Y eso que la proposición de ley para la reforma ya fue aceptada a trámite y no prevé otra cosa que unos plazos máximos para el mantenimiento de la clasificación de secreto (25 años) y de materia reservada (10 años).
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Durante el segundo ejecutivo de Zapatero, Interior se negaba a informar sobre la Brigada Político-Social de la policía franquista, la del torturador 'Billy el Niño'.
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Tantas trabas conforman un veto a la historia –a una historia completa– que implica “un atraso de más de cinco años en la historiografía española” con respecto a la del resto de los países comparables, señala Sanz. “Nos quedamos atrás y a veces tenemos que irnos fuera –si podemos– a investigar nuestra historia. Nos hacemos cada vez más irrelevantes a escala internacional”. El problema tiene una incidencia enorme sobre toda la producción de libros, tesis y estudios, así como en la organización de conferencias.
La profesora de la Carlos III Matilde Eiroa corrobora y va más allá: “No sólo no se avanza sino que se favorece la repetición de los temas, sobre todo después de los años cuarenta”. Y pone ejemplos de lo que no se puede averiguar: “¿Con qué países firmamos pactos? ¿Cómo se formaron las redes de influencia que beneficiaron a los empresarios adictos al régimen franquista? ¿Qué pasó en la descolonización de Marruecos y el Sáhara?".
Eiroa subraya que el secretismo no se limita a Defensa y Exteriores. Pues ella misma pudo comprobar cómo, durante el segundo ejecutivo de Zapatero, Interior se negaba a informar sobre la Brigada Político Social de la policía franquista, la del torturador 'Billy el Niño' , para un estudio concertado entre la Complutense y Presidencia del Gobierno. “Hasta en Rumanía pueden acceder a los papeles de la Stasi. Pero aquí...”.
Eiroa subraya que el secretismo no se limita a Defensa y Exteriores. Pues ella misma pudo comprobar cómo, durante el segundo ejecutivo de Zapatero, Interior se negaba a informar sobre la Brigada Político Social de la policía franquista, la del torturador 'Billy el Niño' , para un estudio concertado entre la Complutense y Presidencia del Gobierno. “Hasta en Rumanía pueden acceder a los papeles de la Stasi. Pero aquí...”.
Otra profesora e investigadora de la UCM, Mirta Núñez Díaz-Balart, pone el acento en la imposibilidad de saber siquiera “dónde hay que buscar cada papel” y qué es exactamente lo que está clasificado. “La situación es tremenda”, afirma. Y se confiesa admirada por la agilidad y frecuencia con que Estados Unidos desclasifica información delicada “relativamente reciente”. Su ejemplo para España, lo que llama “los muertos providenciales”: los generales Sanjurjo y Mola, más Ramón Franco, los tres, muertos en accidentes aéreos. “¿Es casualidad que desaparecieran así los principales competidores de Franco? No podemos investigarlo, no podemos saberlo”, dice.
LA FAMILIA DE GARCÍA CAPARRÓS INICIA UNA CAMPAÑA PARA ACLARAR SU ASESINATO ACUSANDO AL ESTADO ESPAÑOL DE PROTEGER A QUIENES SE VEN ENVUELTOS EN LOS HECHOS.
En relación con la actual Ley de Secretos Oficiales, ésta facilita la permanencia del misterio sobre la muerte del joven Manuel José García Caparrós porque no tiene límite temporal que obliga a acceder a los documentos sobre el caso, especialmente el expediente del Ministerio de Gobernación adjunto a la Comisión de Encuesta, redactado diez días después del asesinato, con declaraciones de testigos. No cabe duda de que sería una de los archivos más importantes que podría abordarse para aclarar los hechos ocurridos durante la manifestación en Málaga el 04 de diciembre de 1977 en la que se pedía la autonomía para Andalucía.
Es por ello que, hace menos de 48 horas, la familia de García Caparrós, apoyada por sindicatos y algunos partidos, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que aflore la verdad sobre este luctuoso suceso y pedir en consecuencia responsabilidades. La hermana del joven, Loli García Caparrós, afirmó "que falta una parte del sumario, que se encuentra en Madrid en el Congreso de los Diputados, en las Actas de la Comisión de Investigación, y de las cuales no se conoce su contenido, ya que quieren proteger a quienes se ven envueltos en los hechos... La Comisión de Investigación se inició en 1977 y se cerró en 1985, y no se han dado a conocer las conclusiones...".
La hermana de la víctima cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y solicita la implicación de todos los partidos políticos, así como de la ciudadanía andaluza, y afirma que "nosotros lo que queremos es que los andaluces firmen (...) para reclamar los papeles que están ocultos en Madrid y traerlos para Andalucía, para que esa información salga toda a la luz...". También declaró que la Autonomía de Andalucía nunca será completa "si no sale a la luz ese cuatro de diciembre; lo que pasó; quién manchó el nombre del cuatro de diciembre y quién asesinó a García Caparrós...".
Pero la Comisión de Encuesta sobre el asesinato del joven andaluz Caparrós se encuentra oculta bajo la Ley de Secretos Oficiales, como ya hemos referido arriba. La rechazada petición de desclasificación pedida el pasado mes de octubre por parte del gobierno andaluz, ha puesto en evidencia, una vez más, la política del gobierno español con los derechos humanos y con la Memoria Histórica. Y la salvaguarda de los comparecientes que hablaron sobre el caso hace más de cuarenta años.
De hecho, el Ejecutivo central cree que la Ley andaluza de Memoria Histórica se excede en sus competencias y -según noticias de mes de agosto- había convocado la comisión bilateral Gobierno-Junta para, en el plazo de nueve meses (en mayo finalizaría dicho plazo) tratar de consensuar un texto nuevo del artículo de dicha Ley, que se refiere a la potestad que se le da a la Junta de Andalucía para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”.
Dicho consenso que busca el gobierno español con el andaluz evitaría que el propio gobierno español interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma andaluza si no se corrigen los aspectos "más conflictivos", bloqueando de ese modo la Ley andaluza, y sin tener en cuenta que dicho órgano de resolución de conflictos entre administraciones abordaría la reescritura de la Ley que fue aprobada en el Parlamento andaluz hace un año aproximadamente sin ningún voto en contra.
Hoy, Manuel José García Caparrós es una de las 2.663 víctimas de la Transición por violencia política, entre heridos, muertos y hospitalizados desde el final de la dictadura hasta 1983. El 04 de diciembre de 1977 moría asesinado este joven manifestante por un disparo al aire con tan sólo 19 años de edad. Hoy aquel espacio -una esquina de la Alameda de Colón- está declarado Lugar de la Memoria por el gobierno andaluz. Su asesinato ha quedado impune. Al igual que las Actas, escondidas pocos meses después del crimen.
Eva García Sempere inició la investigación de los documentos el pasado mes de septiembre tras pedirlo de forma expresa al Congreso y con dos fallidos intentos sobre la Mesa del Congreso, la cual ha anulado la publicación de las documentos que fueron redactados con la garantía de proteger la identidad de los "cuerpos de Seguridad durante cincuenta años", en relación a los policías implicados en el asesinato del joven manifestante, hijo predilecto de Andalucía...
Sin embargo, el informe redactado de su "parcial investigación" ha sido vetado para su exposición en el parlamento andaluz. El "único interés" de la diputada era cumplir un deseo de conocimiento con la familia y la propia ciudadanía. Y "arrojar así algo más de luz". Sin embargo, el PSOE ha vetado su comparecencia que daría a conocer sus últimas averiguaciones sobre el caso.
La tres hermanas de Caparrós se habían reunido en San Telmo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios. El objetivo era llegar hasta el final de una documentación parcial a la que hasta el momento sólo ha tenido acceso la diputada Sempere. La Comisión de Encuesta nunca ha podido consultarse de forma pública y los folios de las Actas -accesibles para esta diputada y con la mayoría de los implicados tachados en sus interrogatorios voluntarios- se archivaron pocas semanas después de la manifestación de 1977 a favor de la autonomía en la ciudad de Málaga.
UNA LEY FRANQUISTA
La Ley de Secretos, redactada en plena etapa franquista, concretamente en 1968 no impone límite temporal de acceso a los documentos, como sí ocurre en la Ley de Patrimonio Histórico, que ocultaría los nombres de los interrogados durante cincuenta años. Bajo esta normativa de secretos la documentación permanecería oculta hasta que el Congreso diera permiso, bajo un carácter totalmente arbitrario, ya que prima sobre la posterior Ley de Patrimonio.
Pau Casanellas, experto en el acceso a archivos de la Transición relata (...) que “estaríamos delante de una aplicación absolutamente abusiva de la Ley de Secretos con este caso, una aplicación claramente contraria al espíritu de la Ley". El investigador señala que la declaración de "materia reservada" para la documentación está dirigida a archivos que puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. "Evidentemente, el caso de la muerte de Caparrós no entra de ninguna manera en este supuesto. Además que han pasado ya cuarenta años...".
El único resquicio estaría en una petición "excepcional" aprobada por el Congreso. Sin embargo, hasta el momento, la diputada Sempere sólo ha tenido acceso "parcial" a los documentos. No de forma íntegra, como podría autorizarse en una de las particularidades de la Ley.
Fuentes:
http://jerezrecuerda.blogspot.com.es/2017/03/el-parlamento-andaluz-aprueba-la-nueva.html
http://jerezrecuerda.blogspot.com.es/2018/02/la-fiscalia-insiste-en-que-no-se-puede.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20180221/44950142475/historia-espana-documentos-clasificados-guerra-civil-franquismo-carme-chacon.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social
http://www.publico.es/politica/congreso-ampara-ley-secretos-oficiales-no-informar-policias-implicados-muerte-garcia-caparros.html
http://www.publico.es/politica/manuel-jose-garcia-caparros-andalucia-reclama-congreso-archivos-dictadura-incautados-franco.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html?video=1256077,1256044&sec=
http://www.diariosur.es/malaga-capital/familia-garcia-caparros-20180227011723-ntvo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_de_Rodr%C3%ADguez_Zapatero
LA FAMILIA DE GARCÍA CAPARRÓS INICIA UNA CAMPAÑA PARA ACLARAR SU ASESINATO ACUSANDO AL ESTADO ESPAÑOL DE PROTEGER A QUIENES SE VEN ENVUELTOS EN LOS HECHOS.
En relación con la actual Ley de Secretos Oficiales, ésta facilita la permanencia del misterio sobre la muerte del joven Manuel José García Caparrós porque no tiene límite temporal que obliga a acceder a los documentos sobre el caso, especialmente el expediente del Ministerio de Gobernación adjunto a la Comisión de Encuesta, redactado diez días después del asesinato, con declaraciones de testigos. No cabe duda de que sería una de los archivos más importantes que podría abordarse para aclarar los hechos ocurridos durante la manifestación en Málaga el 04 de diciembre de 1977 en la que se pedía la autonomía para Andalucía.
Es por ello que, hace menos de 48 horas, la familia de García Caparrós, apoyada por sindicatos y algunos partidos, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que aflore la verdad sobre este luctuoso suceso y pedir en consecuencia responsabilidades. La hermana del joven, Loli García Caparrós, afirmó "que falta una parte del sumario, que se encuentra en Madrid en el Congreso de los Diputados, en las Actas de la Comisión de Investigación, y de las cuales no se conoce su contenido, ya que quieren proteger a quienes se ven envueltos en los hechos... La Comisión de Investigación se inició en 1977 y se cerró en 1985, y no se han dado a conocer las conclusiones...".
La hermana de la víctima cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y solicita la implicación de todos los partidos políticos, así como de la ciudadanía andaluza, y afirma que "nosotros lo que queremos es que los andaluces firmen (...) para reclamar los papeles que están ocultos en Madrid y traerlos para Andalucía, para que esa información salga toda a la luz...". También declaró que la Autonomía de Andalucía nunca será completa "si no sale a la luz ese cuatro de diciembre; lo que pasó; quién manchó el nombre del cuatro de diciembre y quién asesinó a García Caparrós...".
Pero la Comisión de Encuesta sobre el asesinato del joven andaluz Caparrós se encuentra oculta bajo la Ley de Secretos Oficiales, como ya hemos referido arriba. La rechazada petición de desclasificación pedida el pasado mes de octubre por parte del gobierno andaluz, ha puesto en evidencia, una vez más, la política del gobierno español con los derechos humanos y con la Memoria Histórica. Y la salvaguarda de los comparecientes que hablaron sobre el caso hace más de cuarenta años.
De hecho, el Ejecutivo central cree que la Ley andaluza de Memoria Histórica se excede en sus competencias y -según noticias de mes de agosto- había convocado la comisión bilateral Gobierno-Junta para, en el plazo de nueve meses (en mayo finalizaría dicho plazo) tratar de consensuar un texto nuevo del artículo de dicha Ley, que se refiere a la potestad que se le da a la Junta de Andalucía para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”.
Dicho consenso que busca el gobierno español con el andaluz evitaría que el propio gobierno español interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma andaluza si no se corrigen los aspectos "más conflictivos", bloqueando de ese modo la Ley andaluza, y sin tener en cuenta que dicho órgano de resolución de conflictos entre administraciones abordaría la reescritura de la Ley que fue aprobada en el Parlamento andaluz hace un año aproximadamente sin ningún voto en contra.
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| La familia de García Caparrós ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que aflore la verdad y pedir responsabilidades. |
Eva García Sempere inició la investigación de los documentos el pasado mes de septiembre tras pedirlo de forma expresa al Congreso y con dos fallidos intentos sobre la Mesa del Congreso, la cual ha anulado la publicación de las documentos que fueron redactados con la garantía de proteger la identidad de los "cuerpos de Seguridad durante cincuenta años", en relación a los policías implicados en el asesinato del joven manifestante, hijo predilecto de Andalucía...
Sin embargo, el informe redactado de su "parcial investigación" ha sido vetado para su exposición en el parlamento andaluz. El "único interés" de la diputada era cumplir un deseo de conocimiento con la familia y la propia ciudadanía. Y "arrojar así algo más de luz". Sin embargo, el PSOE ha vetado su comparecencia que daría a conocer sus últimas averiguaciones sobre el caso.
La tres hermanas de Caparrós se habían reunido en San Telmo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios. El objetivo era llegar hasta el final de una documentación parcial a la que hasta el momento sólo ha tenido acceso la diputada Sempere. La Comisión de Encuesta nunca ha podido consultarse de forma pública y los folios de las Actas -accesibles para esta diputada y con la mayoría de los implicados tachados en sus interrogatorios voluntarios- se archivaron pocas semanas después de la manifestación de 1977 a favor de la autonomía en la ciudad de Málaga.
UNA LEY FRANQUISTA
La Ley de Secretos, redactada en plena etapa franquista, concretamente en 1968 no impone límite temporal de acceso a los documentos, como sí ocurre en la Ley de Patrimonio Histórico, que ocultaría los nombres de los interrogados durante cincuenta años. Bajo esta normativa de secretos la documentación permanecería oculta hasta que el Congreso diera permiso, bajo un carácter totalmente arbitrario, ya que prima sobre la posterior Ley de Patrimonio.
Pau Casanellas, experto en el acceso a archivos de la Transición relata (...) que “estaríamos delante de una aplicación absolutamente abusiva de la Ley de Secretos con este caso, una aplicación claramente contraria al espíritu de la Ley". El investigador señala que la declaración de "materia reservada" para la documentación está dirigida a archivos que puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. "Evidentemente, el caso de la muerte de Caparrós no entra de ninguna manera en este supuesto. Además que han pasado ya cuarenta años...".
El único resquicio estaría en una petición "excepcional" aprobada por el Congreso. Sin embargo, hasta el momento, la diputada Sempere sólo ha tenido acceso "parcial" a los documentos. No de forma íntegra, como podría autorizarse en una de las particularidades de la Ley.
Fuentes:
http://jerezrecuerda.blogspot.com.es/2017/03/el-parlamento-andaluz-aprueba-la-nueva.html
http://jerezrecuerda.blogspot.com.es/2018/02/la-fiscalia-insiste-en-que-no-se-puede.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20180221/44950142475/historia-espana-documentos-clasificados-guerra-civil-franquismo-carme-chacon.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social
http://www.publico.es/politica/congreso-ampara-ley-secretos-oficiales-no-informar-policias-implicados-muerte-garcia-caparros.html
http://www.publico.es/politica/manuel-jose-garcia-caparros-andalucia-reclama-congreso-archivos-dictadura-incautados-franco.html
http://www.canalsur.es/television/programas/csn-malaga/detalle/204.html?video=1256077,1256044&sec=
http://www.diariosur.es/malaga-capital/familia-garcia-caparros-20180227011723-ntvo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_de_Rodr%C3%ADguez_Zapatero
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