martes, 24 de abril de 2018

NO SE PODRÁN EXHUMAR CADÁVERES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS SI ESTÁN MEZCLADOS CON OTROS

EL COMUNICADO DE PATRIMONIO NACIONAL MENCIONA EL CASO DE LOS HERMANOS MANUEL Y ANTONIO RAMIRO LAPEÑA, CUYA NIETA Y SOBRINA NIETA, PURIFICACIÓN, SOLICITÓ HACE DOS AÑOS LA EXHUMACIÓN DE SUS ANTEPASADOS.

NO SE PODRÁN EXHUMAR CADÁVERES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS SI ESTÁN MEZCLADOS CON OTROS.

LA SENTENCIA JUDICIAL QUE SE DICTE EN ESE PROCESO DECLARATIVO HABRÁ DE VALORAR LOS INTERESES EN CONFLICTO Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS ACTUACIONES REQUERIDAS.

Patrimonio Nacional, organismo del que depende la gestión del Valle de los Caídos, ha hecho público un comunicado en el que recuerda que debe haber una sentencia judicial para poder exhumar cadáveres cuando sus restos estén mezclados con los de otras personas y que, antes de resolver, el juez deberá escuchar a las familias de los fallecidos. Así lo establece un informe de la Abogacía General del Estado.

El comunicado de Patrimonio Nacional menciona el caso de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, cuya nieta y sobrina nieta, Purificación, solicitó hace dos años la exhumación de sus antepasados. Se da la circunstancia de que en el Valle de los Caídos hay restos de más de 33.000 personas, de las cuales 12.000 nunca han sido identificadas.

En la nota, Patrimonio añade que este lunes finalizaron los trabajos de los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC, para establecer si es viable el acceso al piso tercero de la Cripta del Sepulcro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, así como para comprobar el estado de la misma, y que a finales de mes se conocerá el informe de los técnicos.

El informe del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja fue paralizado por un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos ante la Audiencia Nacional. Con fecha 19 de marzo de 2018, se recibió la comunicación del desestimiento del recurso por parte de la Abadía.

Según Patrimonio, "si el informe del Instituto Torroja estableciera la posibilidad de acceso, y dado que nos encontraríamos ante restos cadavéricos no identificados, se solicitaría dictamen al Consejo Médico Forense para que se pronuncie sobre el procedimiento aplicable a la localización, identificación y exhumación de los restos cadavéricos de los señores Lapeña, así como la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN". No obstante, este organismo advierte de que "no se producirá ninguna actuación para la exhumación de restos mientras no se reciba dicho dictamen del Consejo Médico Forense".

Este organismo aseguró que, en cualquier caso, cumplirá "lo señalado en el informe de la Abogacía General del Estado" sobre las medidas que se deben adoptar para la ejecución del Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial de 30 de marzo de 2016. Este auto determinaba el inicio de las actuaciones para entregar a Purificación los restos de su abuelo y su tío abuelo previamente identificados.

Según explica Patrimonio, "si finalmente se comprueba por el informe del Instituto Torroja del CSIC que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña Altabás se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas en el mismo piso de la cripta del cementerio del Valle de los Caídos adyacente a la capilla del Santo Sepulcro, deberá hacerse saber esta circunstancia a su familia, para que interponga una demanda en el correspondiente proceso declarativo ante la Jurisdicción ordinaria para que se pronuncie en definitiva sobre la exhumación solicitada si hay derechos de terceros afectados"

Además, Patrimonio Nacional añade que, según el informe de la Abogacía General del Estado, "en el referido proceso declarativo, a través de la demanda o por intervención posterior, deberían figurar aquellas personas identificadas cuyos parientes se encuentren inhumados en el mismo piso de la mencionada cripta del cementerio del Valle de los Caídos, así como aquellas otras que respondan a la oportuna citación por edictos, a realizar en los lugares de que procedan los restos cadavéricos que se encuentran en ese lugar".

Patrimonio concluye que "la sentencia judicial que se dicte en ese proceso declarativo habrá de valorar los intereses en conflicto y la aplicación del principio de proporcionalidad en las actuaciones requeridas, resolviendo, en definitiva, lo que proceda en orden a la localización, identificación y, en su caso, exhumación y entrega a sus familiares de los restos cadavéricos de los señores Lapeña Altabás".


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sábado, 14 de abril de 2018

EL EJÉRCITO RECTIFICA Y REABRE LOS ARCHIVOS DE LA GUERRA CIVIL

EL EJÉRCITO DE TIERRA INCLUSO PIDE DISCULPAS, AL AGREGAR QUE “LAMENTA LOS INCONVENIENTES QUE ESTA DECISIÓN HAYA PODIDO CAUSAR EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA”.
Dependencias del Archivo General de la 'Guerra Civil Española', en Salamanca

EL EJÉRCITO RECTIFICA Y REABRE LOS ARCHIVOS DE LA GUERRA CIVIL.

EL ESTADO MAYOR DICE QUE SE PRODUJO UNA "INTERPRETACIÓN EXTENSIVA" DE LA NORMATIVA Y PIDE DISCULPAS A LOS INVESTIGADORES.


Rectificar es un verbo que se conjuga poco en España, pero el Ejército de Tierra ha decidido dar marcha atrás en su decisión de impedir el acceso de estudiosos e investigadores a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial, sin importar su antigüedad u origen.

La decisión, que se aplicaba desde principio de abril, afectaba especialmente al Archivo General Militar de Ávila, organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil española.

En una nota difundida el jueves por la tarde, pocas horas después de que se publicase que la medida había causado la indignación de archiveros e investigadores, el Ejército de Tierra asegura que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) para subsanar” la situación creada por la orden restrictiva y que, “en consecuencia, los fondos documentales seguirán disponibles para su consulta en las mismas condiciones” en que lo estaban hasta el mes pasado. El Ejército de Tierra incluso pide disculpas, al agregar que “lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido causar en el ámbito de la investigación histórica”.

La nota explica que la orden de que todo informe clasificado debía ser apartado del acceso de los investigadores fue una “decisión de carácter técnico” adoptada en 2016 ante la consulta que se hizo desde el IHCM con motivo de la incorporación al Archivo General Militar de un fondo que abarcaba documentación anterior y posterior a 1968, fecha de la entrada en vigor de la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales y que “dada su complejidad, no hacía fácil individualizar los documentos” para decir cuáles podían ser de acceso público y cuáles no.

El criterio que se adopó vetar a investigadores y estudiosos: todos aquellos documentos que tuvieran un sello de secreto o reservado, sin importar su antigüedad u origen, aplicando retroactivamente y sin límite de tiempo los efectos de la ley franquista de secretos oficiales. “Por una interpretación extensiva de la normativa sobre información clasificada, esta decisión se aplicó al resto de los fondos documentales” que custodia el Ejército, agrega la nota, lo que suposo retirar del acceso público documentos que llevaban décadas al alcance de los estudiosos.

Rectificar es de sabios, sobre todo si esa rectificación permite profundizar en el saber sobre la historia de España.


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viernes, 13 de abril de 2018

DEFINEN AL ESTADO ESPAÑOL COMO UNA 'GRAN FOSA NACIONAL'

ESPAÑA ES UN CIRCUITO SUBTERRÁNEO DE FOSAS COMUNES CAMUFLADO BAJO UN CALLEJERO CUYA NOMENCLATURA AÚN CELEBRA EL HEROÍSMO DE LOS SUBLEVADOS EN LA GUERRA CIVIL.

EN 'LESA HUMANITAT' SE DEFINE AL ESTADO ESPAÑOL COMO UNA GRAN 'FOSA NACIONAL'.

ESPAÑA ES UN CIRCUITO SUBTERRÁNEO DE FOSAS COMUNES CAMUFLADO BAJO UN CALLEJERO CUYA NOMENCLATURA AÚN CELEBRA EL 'HEROÍSMO' DE LOS SUBLEVADOS EN LA GUERRA CIVIL.

España es un circuito subterráneo de fosas comunes camuflado bajo un callejero cuya nomenclatura aún celebra el heroísmo de los militares sublevados en la Guerra Civil. En 'Lesa Humanitat', Héctor Faver parte de las reivindicaciones de quienes luchan para que la Ley de Memoria Histórica cumpla su deber ético, pero el resultado final no se conforma con centrar el foco en esa herida colectiva. Lo que hace el cineasta es tejer un denso tapiz de relaciones que culmina en una demoledora historia comprimida de la España reciente.

Hay en 'Lesa Humanitat' algo de la capacidad de Chris Marker para extraer cortocircuitos de sentido a través del conflicto de imágenes de muy dispar textura y calidad: lo que importa no es, pues, el gesto estético, sino la vocación reflexiva y explosiva de un discurso que propone una mirada totalizadora sobre un país que pasó de la dictadura a la democracia esculpiendo un mito –la Transición-, que no solo dejaba heridas abiertas a perpetuidad, sino que imponía a los vencidos tender la mano a los vencedores y simulaba cambiar algo para que todo –o, por lo menos, los privilegios de clase- siguiera igual. Por momentos, uno desearía que esto fuera, en realidad, un falso documental conspiranoico al modo de 'Tribulation 99: Alien Anomalies Under America' (1992) de Craig Baldwin, quizá porque llama la atención ver a Franco, Hitler, Evita Perón, Vernon Walters y Felipe González en una misma concatenación narrativa que arroja no poca luz sobre el estado actual de las cosas.

LA PELÍCULA REPASA TAMBIÉN CONOCIDOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL MUNDO, COMO LOS COMETIDOS POR LOS COMUNISTAS DE LOS 'JEMERES ROJOS' EN CAMBOYA, Y VINCULA, POR EJEMPLO, EL NAZISMO CON EL FRANQUISMO Y LAS DICTADURAS LATINOAMERICANAS.
La película repasa también conocidos crímenes de lesa humanidad en el mundo, como los cometidos por los comunistas de los 'Jemeres Rojos' en Camboya, y vincula, por ejemplo, el nazismo con el franquismo y las dictaduras latinoamericanas.

¿Qué sucede cuando los derechos humanos se violan de una forma continuada y sistemáticamente y si estos delitos de genocidio acaecieron en un pasado reciente; y si además, existieran leyes enmarcadas dentro de un marco democrático que ampararan la impunidad y exoneraran a los genocidas? La jurisdicción universal puede conformar una gran motivación que pueda accionar e impulsar resoluciones judiciales que velen por la reparación de las víctimas que han sufrido la indefensión y se les ha coartado su libertad como ser humano.

De la supuesta falta de conocimiento que argumentan los políticos españoles, del querer ignorar la ley de la memoria histórica, del silencio que lleva más de 80 años acompañando a buena parte de los crímenes del franquismo y de la necesidad de difundir esa realidad surge 'Lesa humanitat', el documental dirigido por Héctor Faver y narrado por el actor Eduard Fernández.

Es una película coral con las voces de Soledad Luque, presidenta de la Asociación Todos los Niños Robados son También mis Niños; Carlos Slepoy, abogado impulsor de una jurisdicción universal que instruyó en Argentina la querella de las víctimas del franquismo; Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica; el jurista Baltasar Garzón y José María Galante, preso y torturado durante la dictadura, entre otros. Todos ellas hilan un discurso común sobre las asignaturas pendientes que dejó el paso de la dictadura a la democracia, como los crímenes franquistas. 

Durante la narración del relato audiovisual se explica la existencia  de similitudes entre las torturas de la tristemente famosa ESMA (Escuela Mecánica de la Armada) en Argentina y las palizas y castigos que las víctimas de la dictadura franquista recibían en España. "Eran muy similares. Una razón más para sostener que la justicia debe ser universal", apunta uno de los protagonistas.

La película repasa también conocidos crímenes de lesa humanidad en el mundo, como los cometidos por los comunistas de los Jemeres Rojos en Camboya, y vincula, por ejemplo, el nazismo con el franquismo y las dictaduras latinoamericanas. Además, Soledad Luque sitúa el precedente del robo de recién nacidos en España a la práctica franquista de quitar los hijos a las madres republicanas encarceladas.



Fuentes: 





jueves, 12 de abril de 2018

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'ESTUDIOS CRÍTICOS DE HISTORIA DE AL-ÁNDALUS'

EL HISTORIADOR ALEJANDRO GARCÍA SANJUAN PRESENTARÁ SU OBRA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL DE JEREZ ESTE VIERNES A LAS 19:00 HORAS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'ESTUDIOS CRÍTICOS DE HISTORIA DE AL-ÁNDALUS'

EL HISTORIADOR ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN PRESENTARÁ SU OBRA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRAL DE JEREZ ESTE VIERNES A LAS 19:00 HORAS.


El historiador Alejandro García Sanjuán presenta el próximo viernes, día 13 de abril, a las 19 horas, su libro 'Estudios críticos de historia de Al-Ándalus', en la Biblioteca Central, perteneciente al Área de Dinamización Cultural, que dirige Francisco Camas. El acto está organizado por el Ayuntamiento de Jerez y Peripecias Libros

Alejandro García Sanjuán es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Sevilla y profesor de Historia Medieval en la Universidad de Huelva. Es autor, entre otras, de obras como 'La Huelva islámica. Una ciudad del Occidente de Al- Andalus (siglos VIII-XIII)', 'Hasta que Dios herede la tierra: los bienes habices en Al-Andalus (siglos X al XV)' o 'La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del pasado. Del catastrofismo al negacionismo'.

Según la Redacción de la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Jerez, el libro que se presenta el próximo viernes, 'Estudios críticos de historias de Al-Andalus' es "una obra que cumple un compromiso de elaboración del conocimiento histórico basado en el rigor y la profesionalidad, que define también la trayectoria profesional de su autor. Rigor, honestidad, espíritu crítico y coherencia académica, conciencia social y responsabilidad profesional son los argumentos que definen la fecunda y prometedora carrera académica del profesor García Sanjuán"

No hay otro modo, para verificar o contrastar dichas afirmaciones, que realizar por tanto una obligada lectura de la obra y un concienzudo seguimiento de sus investigaciones históricas[1].

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[1] Nota de la Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda"


Fuentes: 

Servicio de Dinamización de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez.



lunes, 9 de abril de 2018

LOS ARCHIVOS MILITARES BLOQUEAN DE REPENTE EL ACCESO A TODA SU DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA MARCADA COMO 'CLASIFICADA'

LOS ARCHIVOS MILITARES BLOQUEAN DE REPENTE EL ACCESO A TODA SU DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA MARCADA COMO 'CLASIFICADA'.

LOS ARCHIVOS MILITARES BLOQUEAN DE REPENTE EL ACCESO A TODA SU DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA MARCADA COMO 'CLASIFICADA'.

LOS SECRETOS OFICIALES EN ESPAÑA NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD, PERO HASTA AHORA LA CONSULTA DE MATERIAL SOBRE LA GUERRA CIVIL ERAN ACCESIBLES A INVESTIGADORES, FUESE 'CLASIFICADA' O NO. DESDE EL 2 DE ABRIL, Y SIN PREVIO AVISO, EL EJÉRCITO RESTRINGE COMPLETAMENTE EL ACCESO A UNA IMPORTANTE PARTE DE ESA DOCUMENTACIÓN EN SUS ARCHIVOS HISTÓRICOS. 

Ya no se pueden consultar los fondos documentales con marcas de clasificación de la Guerra Civil Española del Archivo General Militar de Ávila. Pero éste no es el único caso. Esta restricción afecta a toda la documentación histórica calificada como ‘secreta’ custodiada en cualquier archivo dependiente del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Esta información surge de un irónico tuit de la cuenta @archimiles, cuyos integrantes son funcionarios destinados en archivos pertenecientes al Ministerio de Defensa y que forman parte “de los cuerpos Facultativo y Ayudantes de Archivos”, comentan por correo electrónico. “La mayoría de nosotros, además pertenecemos a Asociaciones Profesionales de Archiveros”, apuntan.

En otro mensaje posterior, estos funcionarios informaban de que “la documentación de la Guerra Civil Española (1936/1939) que tiene marcas de ‘secreto’ o ‘reservado’, que hasta ahora eran de libre acceso, desde el día 2 de abril no se podrán ver ni reproducir, en contra de nuestro criterio técnico”. La orden proviene, según ellos, del Instituto de Historia y Cultura Militar, órgano responsable de protección, conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico del Ejército de Tierra.

Fuentes oficiales del Ejército de Tierra han explicado que el criterio adoptado por el Estado Mayor del Ejército, como respuesta a una pregunta del Instituto de Historia y Cultura Militar, fue el de que “todo documento con marca de clasificación debería tratarse como documento clasificado, excepto si el propio documento contenía referencias concretas sobre la validez temporal de la clasificación”.

Esta restricción afecta, pues, a toda la documentación histórica custodiada en cualquier archivo dependiente del Ejército de Tierra y anterior a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Estos archivos son los generales de Madrid, Guadalajara, Segovia y Ávila, y los llamados archivos intermedios distribuidos por toda la geografía española.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros países como EEUU o Francia, los secretos oficiales son potencialmente ‘eternos’ en España, dado que sólo la autoridad que declaró una materia o documento como “clasificado” puede desclasificarlo, tal y como reza la citada Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, en su artículo séptimo.

En el Archivo General Militar de Ávila se custodian, entre otros, documentos de la administración republicana anterior a la Guerra Civil, del Ministerio de la Guerra, de la Guerra Civil tanto de la zona Nacional como de la Republicana, de las milicias nacionales e incluso de la División Azul


“INQUIETUD” DE LOS ARCHIVEROS

“La denuncia sobre las restricciones de acceso a documentación de la Guerra Civil, hasta hace poco de libre consulta, en el Archivo General Militar de Ávila responde a una inquietud común entre nosotros por ser coherentes con nuestra profesión”, comentaron los funcionarios integrantes de @archimiles, y añadieron: Rechazamos todo límite de acceso a la documentación pública que gestionamos habitualmente que no especifique claramente la norma en la que se basa, ni los recursos posibles contra su denegación”.

Sin embargo, desde Defensa matizaron que la decisión “no se ha adoptado con el ánimo de impedir o dificultar la investigación científica de ningún período de nuestra historia, sino con el de ajustar a la normativa vigente situaciones que pudieran no haberlo estado con anterioridad y, según la cual, la desclasificación corresponde, bien a la autoridad que decretó la clasificación, bien al Consejo de Ministros, caso de que la anterior autoridad no sea identificable correctamente”.

Las mismas fuentes oficiales confirmaron que esa decisión ha implicado “la denegación de acceso a los investigadores a una documentación histórica hasta ahora a su disposición”. “Comprendiendo el contratiempo que implica, la medida hay que entenderla como de carácter temporal, supeditada a la conclusión del proceso de revisión normativa en que se halla inmerso el Ministerio de Defensa en estos momentos para la definición de un nuevo marco legal que supere el de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, y que clarificará las condiciones de acceso a la documentación referida”, concluyeron.

El acceso a los Archivos Generales Militares y estatales es libre y gratuito. Pueden tener acceso los investigadores, bien acreditados mediante una tarjeta de investigador –renovable cada tres años- como con un pase temporal de 10 días. La documentación de estos archivos es de libre consulta “con carácter general”, aunque a veces es necesario un permiso especial para acceder a documentos que afecten a materias clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, aquellos cuya difusión pueda entrañar riesgos para la Seguridad y Defensa del Estado, o bien si existen riesgos para la investigación de delitos.

Además, el Reglamento de Archivos Militares (Real Decreto 2598/1998) otorga a los directores de los archivos militares el poder de restringir el acceso a documentos históricos si a su juicio pueden contener información relevante sobre la defensa o la seguridad del estado, o si puedan contener información que afecte al honor, la intimidad o la propia imagen de las personas y no cumplan los plazos establecidos para ser considerados de libre acceso por el artículo 57.1 c) de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.

Los funcionarios que alertaron de la súbita restricción del acceso a la documentación histórica clasificada comentaron que sus opiniones y comentarios en las redes sociales se basan en su trabajo y experiencia personal. “Nosotros sólo contamos lo que nos pasa”, dijeron conscientes del riesgo que supone para ellos saltarse los cauces oficiales de comunicación.


Fuentes: